Ciudad de México — El exsecretario de Seguridad Pública del estado sureño de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, fue detenido por su presunta vinculación con la desaparición de 43 estudiantes en 2014, informó el domingo el gobierno.

El anuncio se da tras la polémica que surgió luego que el fiscal especial del proceso renunció por discrepancias con las autoridades en el manejo del caso, la cancelación de algunas órdenes de captura de presuntos implicados, y la filtración a la prensa del informe de una comisión gubernamental.

Vázquez Pérez, quien es considerado una pieza clave del caso, fue arrestado el pasado jueves en la ciudad de Tepic, capital de Nayarit, según el Registro Nacional de Detenciones.

El Coordinador Common de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, confirmó la detención y afirmó que se está avanzando en las investigaciones, y apresando a los funcionarios implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela regular de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero.

“Estamos comprometidos con la verdad, la justicia y la reparación del daño. No habrá impunidad”, dijo Ramírez Cuevas en su cuenta de Twitter.

Medios locales señalaron que Vázquez Pérez será clave en la investigación por sus presuntas relaciones con el grupo delictivo Guerreros Unidos, que está involucrado en el caso de los jóvenes desaparecidos.

Rodolfo Nava Ortiz, un expolicía del municipio de Huitzuco fue arrestado el jueves y algunos medios locales lo relacionaron con el caso.

En los últimos dos meses han sido arrestadas cuatro personas, entre ellas tres militares, por su presunta vinculación con el caso.

Una de las detenciones más importantes fue la del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien en agosto fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

A mediados de septiembre también fue detenido el normal retirado José Rodríguez Pérez, quien fuera el comandante del 27mo Batallón de Infantería de Iguala y enfrenta cargos por delincuencia organizada. Rodríguez Pérez fue mencionado por el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió la semana pasada en defensa de Encinas tras la publicación de un reportaje que cuestionaba parte de las evidencias que se utilizaron en el informe que la Comisión de la Verdad presentó en agosto.

López Obrador afirmó que desde la Unidad Especial de Investigación del caso en la Fiscalía Common se pretendió afectar la investigación, y que se agregaron responsables sin tomar en cuenta el informe de la comisión gubernamental.

El fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, renunció en septiembre luego que se conoció que se habían cancelado, por solicitud de la Fiscalía Common, 21 de las 83 órdenes de detención de presuntos implicados que se habían dictado un mes antes. Entre los beneficiados por el retiro de las órdenes de captura figuraban 16 militares y exfuncionarios.

Medios locales señalaron que el proceso que siguió la Fiscalía Common para la detención de Murillo Karam, que se realizó sin consultar a Gómez Trejo, fue otro de los hechos que llevaron al fiscal a renunciar.

La Comisión de la Verdad, dirigida por Encinas, presentó en agosto un nuevo informe con indicios sobre los presuntos implicados tanto en la desaparición de los estudiantes —incluidos algunos militares— como en el encubrimiento de los hechos, en el que habrían participado altos funcionarios del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).